Miles de cubano-estadounidenses que cada mes salen en avión desde Estados Unidos hacia Cuba podrían quedarse en tierra en los próximos meses. Esta vez la causa no es el volcán Ejafjallajökull ni un nuevo roce diplomático entre ambos países, sino una enrevesada historia de amor roto, espionaje y batallas legales que podría dejar fuera del negocio a las compañías de vuelos charter de EE.UU. a Cuba.
En 2001, un juez de Miami le dio la razón a la estadounidense Ana Margarita Martínez, quien pidió al estado cubano una millonaria compensación por haber sido "víctima de un engaño" al casarse en Florida en 1995, sin saberlo, con un espía del gobierno isleño.
La justicia de Florida ordenó entonces que Cuba la indemnizara con más de US$27 millones por haberla utilizado como tapadera del agente Juan Pablo Roque, quien se hizo pasar por un disidente e incluso logró infiltrarse en la organización de exiliados cubanos "Hermanos al Rescate".
Pero Martínez asegura que de ese dinero apenas ha visto US$197.000, procedentes de fondos congelados del estado cubano en EE.UU..
Ahora quiere que su deuda se salde con sumas que las ocho empresas le pagan mensualmente en concepto de tasas a Havanatur, una agencia turística de la isla que, según la demandante, está controlada por el gabinete de Raúl Castro.
¿Sin vuelos a Cuba?
"El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha dejado claro que esa compañía no está dirigida por el gobierno cubano", le dijo a BBC Mundo Ira Kurzban, abogado de las compañías de vuelos charter.
Desde que en febrero Martínez pidió la retención de fondos, éstas han dejado de pagar voluntariamente a Havanatur como medida preventiva, según Kurzban.
"Si esto sigue así, esta agencia tendría derecho a prohibirles el aterrizaje en Cuba, lo que acabaría con el negocio de los vuelos a la isla", advierte el abogado.
Martínez, quien dice que aún está en tratamiento por el trauma que le supuso el engaño de su marido espía, sostiene que su objetivo no es cancelar los vuelos, sino hacer justicia.
"Puede ocurrir que se cancelen, pero eso no es culpa mía, sino de Cuba. Si los vuelos paran es porque Cuba no quiere pagar un precio por el crimen que ha cometido", asegura a BBC Mundo.
"Han hecho lo que han querido impunemente en los últimos 50 años: han matado, han robado… Se atrevieron a venir a EE.UU. y mandar un espía que destruyó mi vida y la de mis hijos (…) ¿Por qué no puede Cuba hacerse responsable por sus acciones?", se pregunta.
Intervención de la Casa Blanca
De acuerdo a los datos de las propias compañías, que organizan vuelos desde Los Ángeles, Nueva York y Miami, sólo desde esta ciudad de Florida más de 20.000 pasajeros viajan cada mes a Cuba.
Marazul, una de las empresas afectadas por la disputa, estima que en sólo dos años el número de vuelos a la isla se incrementó en más de un 150%.
El motivo, según la compañía, es la eliminación de las restricciones de viajes a Cuba declarada hace justo un año por el gobierno de EE.UU..
Antes, bajo el mandato de George W. Bush, los cubano-estadounidenses sólo podían visitar la isla cada tres años.
Es por eso que la Casa Blanca ha hecho público su interés en el caso.
Los abogados del Departamento de Justicia pidieron al juez Federico Moreno que desestime el pedido de retención de fondos hecho por la demandante.
El gobierno de Barack Obama cree que esta solicitud "dañaría los intereses de la política exterior de EE.UU., en particular el esfuerzo para promover y fortalecer los contactos entre familias de EE.UU. y sus parientes en Cuba".
Ana Margarita Martínez, por su parte, no ve cómo este caso puede perjudicar las relaciones entre los dos países.
"No tiene sentido, es un caso personal mío por haber sido víctima de un estado terrorista. Yo soy ciudadana estadounidense y creo que este gobierno debería estar apoyando mi derecho a defenderme", dice.
Por el momento, el juez Moreno no decidió si el caso debería quedarse en una corte de Miami o si ha de resolverse a nivel federal, como sostienen las compañías de vuelos charter.
A falta de que el gobierno cubano se pronuncie al respecto, Martínez y las empresas en cuestión se han enzarzado en un mar de acusaciones sobre motivaciones políticas y ansias de celebridad por parte de la que fue esposa de un espía.
Martínez, un rostro cada vez más popular en los medios locales, escribió un libro sobre su historia e incluso dispone de un proyecto de guión cinematográfico, pero defiende que su única prioridad es cerrar cuanto antes la disputa legal.
Kurzban asegura por su parte que el caso es sólo parte de la agenda de los políticos republicanos conservadores de Florida para fulminar todo contacto comercial con Cuba, algo que niega la demandante.
Y mientras, en las dos orillas, sigue con normalidad el tránsito de vuelos repletos de familias separadas y regalos para quienes quedaron en la isla. Ajenos a una historia que comenzó hace 15 años como tantas otras, con una boda de dos cubanos exiliados en Miami.
DURMIENDO CON EL ENEMIGO
El matrimonio fue utilizado como pantalla para cubrir las actividades de espionaje.
Cuando en 1995 Ana Margarita Martínez conoció en Estados Unidos a Juan Pablo Roque, nunca pensó que la novela de amor que nacía entre ellos era más bien una película de espías.
Seis años después, un tribunal de Miami acaba de indemnizarla con U$S 20 millones por haberse casado, sin saberlo, con un agente de inteligencia cubano.
En febrero de este año, la ciudadana estadounidense ya había recibido U$S 7 millones.
La justicia calificó de "violación" las relaciones sexuales mantenidas entre los cónyuges, ya que Ana Margarita había vivido engañada durante todo ese tiempo.
El amor en los tiempos del espionaje
En 1995, Juan Pablo Roque llegó a Miami proveniente de Cuba pidiendo asilo político en los Estados Unidos.
Poco después conoció a Ana Margarita y se casó con ella como pantalla para sus actividades de espía.
Siete meses después de la boda, Roque regresó abruptamente a La Habana, donde denunció en la televisión estatal al movimiento de exiliados cubanos en Miami.
Su ex esposa recibirá ahora la cuantiosa indemnización, proveniente de cuentas cubanas congeladas en bancos de Estados Unidos.
En febrero de este año, la justicia estadounidense ya había utilizado el mismo sistema para indemnizar a las familias de tres pilotos de la organización de exiliados cubanos "Hermanos al Rescate", derribados en Cuba en 1996.
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